Al Día

Por DIANNE SOLÍS/DMN

Docenas de personas abordaron a una comisión federal la noche del martes para quejarse de un programa federal que verifica es estatus migratorio y antecedentes penales de presos.

El programa, conocido como Comunidades Seguras y administrado por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), ha resultado en cientos de miles de deportaciones.

Comunidades Seguras empezó en el condado de Dallas en noviembre de 2008 durante la gestión de la sheriff Lupe Valdez.

La sheriff es parte del grupo de tarea que albergó la primera de una serie de asambleas públicas que se realizarán en todo el país.

El grupo es parte de un consejo asesor del Departamento de Seguridad Nacional para hacer recomendaciones al ICE sobre las formas de mejorar el programa Comunidades Seguras.

Algunos de las 150 personas que asistieron a la reunión en el Instituto de Desarrollo Económico Bill J. Priest pidieron cancelar el programa, alegando que divide a las familias por las deportaciones.

Otros se abstuvieron de pedir el fin del programa, pero dijeron que genera desconfianza hacia la policía en las comunidades inmigrantes, siendo que la policía necesita cultivar testigos o ayudar a los inmigrantes víctimas de algún crimen.

En inglés y en español, otros criticaron el nombre del programa, diciendo que no hacía a los inmigrantes sentirse seguros en su comunidad sino sentir miedo.

Sólo una persona habló en términos mucho menos críticos del programa: Larry Boyd, jefe de la policía de Irving, donde una tercera parte de la población es nacida en el extranjero.

Comentarios igualmente "estridentes" se pueden oír en apoyo a programas federales-locales de persecución a los indocumentados, dijo Boyd.

Es difícil encontrar "soluciones fáciles" al problema de la inmigración ilegal, dijo.

En el programa las autoridades policiales estatales y locales pueden acceder a dos bases de datos federales que identifican simultáneamente a aquellas personas que tienen antecedentes delictivos y aquellos que han tenido contacto con las autoridades de inmigración federales.

La fuerza de tareas centra su atención en los inmigrantes indocumentados que están en proceso de deportación después de haber sido detenidos por lo que algunos llaman infracciones de tráfico menores, que pueden ser delitos menores Clase C.

Anna González, residente de Irving, dijo que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados tienen miedo de llamar a las autoridades si alguien en casa sufre una emergencia médica. El miedo, dijo González, es que el incidente derive en una deportación.

"No persigan a los inocentes. Persigan a los cárteles", dijo González.

Galileo Jumaoas, presidente de la Cámara de Comercio Asiático-Americana de Dallas, dijo que algunos inmigrantes emprendedores, particularmente de la comunidad coreana, se abstienen de avisarle a la policía de problemas con el crimen por temor a ser perseguidos.

Y eso, dijo, "da lugar a más actos criminales y violencia en nuestra comunidad".

Yolanda Castillo-Crosley, activista del Proyecto Organizador de Texas, señaló a la sheriff Valdez.

No sean "cómplices", dijo Castillo-Crosley.

Otros hicieron notar que el programa ha resultado en la deportación de personas que no tienen antecedentes delictivos, aún por faltas menores.

El ICE reveló las estadísticas del grado de infracción de las personas capturadas en Comunidades Seguras por condado y a nivel nacional.

Al final de la reunión Valdez dijo que si entre los presentes había personas "del otro lado" que quisieran hablar, podían enviar comentarios a TFSC@dhs.gov ó visitar el sitio www.dhs.gov/hsac.

"Tenemos una tarea difícil frente a nosotros y lo que sea que hagamos alguien nos va a odiar", dijo Valdez, quien antes de su elección como sheriff en 2004 había trabajado para la agencia antecesora del ICE.

El ICE es una de las muchas dependencias pertenecientes al Departamento de Seguridad Interior.

Al final de la reunión Valdez dijo que hay algunos aspectos del programa que la hacen sentir "incómoda".

Dijo que Comunidades Seguras le fue vendido como una forma de sacar del país a los criminales duros como los asesinos y los violadores.

"Ese es un beneficio", dijo.

Pero aquellos que cometen delitos menores Clase C por infracciones de tránsito simplemente no pueden caber todos en la cárcel mientras las autoridades locales esperan a que empiecen los procedimientos federales de deportación, dijo.

"Hay mujeres en relaciones abusivas que no dicen nada por miedo a la deportación", dijo Melissa Waver, del grupo Iniciativa de Derechos Humanos. "Comunidades Seguras va contrario a los derechos humanos".

Recientemente el ICE modificó el programa para proteger a los indocumentados víctimas de violencia doméstica que cayeron en la red de Comunidades Seguras, pero los activistas dicen que no todos están conscientes de eso.

Además, temen que las audiencias no sirvan para nada.

"Me temo que cuando se toman decisiones políticas, (los gobernantes) tienden a escuchar a los que gritan más fuerte", dijo Rachel Eichhom, también de la Iniciativa de Derechos Humanos.

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Con información de Lourdes Vázquez/Al Día

Publicado por Julian Resendiz at 3:10 PM | Permalink
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