Al Día

Por DIANNE SOLÍS/DMN

El ayuntamiento de Farmers Branch acordó el martes continuar su campaña para impedir que los indocumentados renten viviendas en su ciudad, cueste lo que cueste.

Por voto unánime, el cabildo decidió apelar la decisión de la juez federal Jan Boyle de Dallas que en marzo declaró anticonstitucional la ordenanza 2952, que requería a los gerentes de departamentos verificar si sus inquilinos están en el país legalmente.

La apelación ante el Quinto Tribunal de Circuito en Nueva Orleáns le costará a Farmers Branch entre $100,000 y $150,000, cantidad que sus funcionarios se dijeron dispuestos a pagar. De hecho, los concejales establecieron un fondo para gastos legales de $623,000 para lo que resta del año.

Desde el 2006, año en que la ciudad aprobó un reglamento similar (la ordenanza 2892) al que fue rechazado por el tribunal federal en marzo, Farmers Branch ha invertido $3.2 millones en gastos legales, sin contar la cuota punitiva de los gastos legales de las personas que los demandaron, otros $1.7 millones.

Sin embargo, el concejal David Koch confía en que la apelación tendrá éxito.

"Esta corte de apelaciones es considerada como muy conservadora, lo cual es bueno para nosotros", afirmó la noche del martes en una sala de cabildo que lucía llena a reventar.

Antes de aprobar la ordenaza 2952 en enero del 2008, Farmers Branch hizo una consulta pública donde los votantes expresaron su apoyo a esta por un margen de más de 2-1. Algunos residentes de este suburbio al norte de Dallas ligan la inmigración indocumentada con la pérdida de calidad de vida, el desempleo, el crimen y la violencia.

"No me gustaría que nuestro país fuera invadido", afirmó la residente Susan Davis.

"¿Cuánta gente tendría trabajo hoy si no tuvieramos inmigrantes ilegales que están aquí quitándonos los trabajos?", agregó Rick Johnson.

Pero también hay aquellos que creen que el municipio no debe entrometerse en un asunto federal, y que los gobernantes municipales buscan imponer sus puntos de vista.

"Si creían que me iba a quedar callada después de lo del 2008, estaban seriamente equivocados", dijo Junie Smith, ex concejal de Farmers Branch y una de las personas que demandaron al municipio.

Smith agregó que si el ayuntamiento persiste en defender sus políticas, ella continuará su litigio.

Michael Jung, un abogado consultor contratado por el municipio, dijo que la apelación se justifica por un inciso de la Ley de Inmigración y Naturalización que prohíbe a los particulares dar albergue a indocumentados.

Boyle declaró la ordenanza ilícita razonando que Farmers Branch trataba de regular las leyes migratorias, algo que solo compete al gobierno federal.

Publicado por Julian Resendiz at 11:23 AM | Permalink
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